El diputado Martín Lema que integra el sector TODOS del Partido Nacional, persiste en sacar a luz lo que considera son irregularidades sucedidas en la gestión de ASSE pese a que la tarea de la comisión investigadora creada a los efectos de detectar los hechos denunciados desde diferentes partes del país en los Hospitales o centros asistenciales públicos ya culminó.

El legislador se basa, para seguir trabajando sobre el particular, en que las respuestas dadas sobre algunos puntos en concreto por las autoridades sanitarias del Uruguay no fueron, a su criterio, satisfactorias por lo cual en los primeros días del año nuevo decidió cursar una serie de pedidos de informes.

Ahora, tanto Ernesto Murro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como el Dr. Jorge Basso, deberán obligatoriamente contestar por escrito las interrogantes planteadas por Lema, sobre todo las que tienen que ver, “casi todas”, a las ilegalidades constatadas en el Organismo.

Recordó que la estafa al FONASA, perjudicó a los ciudadanos porque derivó en la suspensión de la apertura del corralito mutual.

De acuerdo a lo manifestado por el legislador las preguntas van dirigidas al Ministerio de Salud Pública porque es el organismo rector y por la súper intendencia en materia de salud, otros al Ministro de Trabajo por lo que tiene que ver con la ausencia de controles del Banco de Previsión Social. Expresó que los pedidos de informes que realiza al MSP y por su intermedio a ASSE se deben a que “siguen apareciendo situaciones de  irregularidad. La realidad de hoy en día es que la situación de ASSE es crónica y generalizada”.

Explicó que es generalizada porque se encuentra a lo largo y ancho del país y crónica porque esté quien esté “bajo la órbita del Directorio, las situaciones se siguen dando en un montón de casos en forma irregular”.

Además enfatizó, esta “enorme cantidad de pedidos de informes se deben a la lamentable situación que tuvieron el Ministro de Salud Pública y el Ministro de Trabajo en la interpelación que llevó adelante el diputado Eduardo Rubio”, concluyó.

Los Pedidos de Informes y las Irregularidades

Cabe señalar que los reclamos comienzan por  las irregularidades denunciadas en las colonias psiquiátricas de ASSE.  Y las consultas que realiza “apuntan a que se aclaren los alcances de la comprobada estafa registrada entre los años 2016-2017, por afiliaciones irregulares”, pretendiendo saber qué sanción se aplicó a los responsables.

Por otro lado solicita ampliación de informe, sobre lo declarado ante la investigadora por funcionaria del BPS, que cuando se recibía una denuncia por cambios mutuales sin consentimiento, la misma se caratulaba como “cambio mutual” y no como una denuncia propiamente dicha.

También, tomando como ejemplo lo sucedido en Bella Unión, con maniobras similares comprobadas en otras unidades del país, ASSE deberá clarificar si está cumpliendo con las recomendaciones de una auditoría interna que, como requisito obligatorio, instruyó a que los funcionarios de la institución que sean a su vez subcontratados en forma tercerizada, realicen la declaración jurada correspondiente en torno a su situación.

Sobre Bella Unión, deberán  informar sobre  los avances en la solución a las irregularidades detectadas en la farmacia de ese hospital. Por ejemplo, al  prescribirse psicofármacos en recetas celestes, como así también las recetas del hospital entregadas a pacientes de Siemm, la cuestionada empresa de traslados.

También solicita conocer qué funciones cumplen actualmente en ASSE, los directores de la empresa de ambulancia Siemm,  doctores Federico Eguren, Rodrigo Barcelona y Marcos García, recientemente procesado sin prisión.

También detalles de contrataciones en Hospital de Rivera, entre ellos servicios de CTI, en centros  asistenciales de Santana do Livramento, Brasil. En torno al Hospital de Dolores, se solicita informes sobre obras de instalaciones eléctricas, luego del tornado de abril de 2016, adjudicadas en forma directa a una empresa más cara, desestimando otras ofertas.

En Artigas, se procura saber las razones del incremento de 30% en la contratación de “servicios médicos” entre 2016 y 2017, teniendo en cuenta que en muchos casos los beneficiados fueron funcionarios de propia institución.

También pidió informes sobre la existencia de plantas generadoras de oxígeno medicinal en los hospitales de Paysandú, Tacuarembó, Minas y Saint Bois.