La Dirección General Impositiva (DGI) ya sumó unos 11.000 emisores electrónicos, lo que implica que el 82% del total facturado por las empresas está bajo dicho formato.

"El grueso de la actividad económica ya está dentro de la facturación electrónica, "dijo el director de Rentas, Joaquín Serra. El proceso de digitalización de la documentación se inició en 2016 con un calendario de contribuyentes obligados que definió la DGI en función del volumen de ventas.

El año pasado debieron postularse aquellas empresas con ventas en el ejercicio previo superiores a cuatro millones de Unidades Indexadas (UI) —unos US$ 430.000 tomando el valor de la UI del primer día hábil del año y el promedio anual del dólar—, antes de junio de 2018 deberán hacerlo quienes facturaron el ejercicio anterior más de 2,5 millones de UI —unos US$ 306.000— y al finalizar el año estarán obligados los que superen 1,5 millones de UI —unos US$ 183.000—. Para junio de 2019 quedan las firmas con ventas mayores a 750.000 UI —unos US$ 98.000— y en diciembre deberán sumarse al nuevo formato las de ingresos mayores a 305.000 UI —unos US$ 40.000—.

El proceso para la efectivización como emisor electrónico cuenta con una etapa inicial de postulación (a la que refieren las fechas del cronograma) en la que el contribuyente solicita la adhesión a la facturación digital, otra de certificación donde se prueba el funcionamiento del sistema informático y una última de resolución donde la DGI aprueba el ingreso de la empresa al nuevo formato.

El director de la División Planificación, Estudios y Coordinación de DGI, Gustavo González, informó a El País que este año está previsto "hacer controles sobre un grupo de contribuyentes que deberían haber ingresado al régimen de facturación y no lo hicieron". Serra señaló que se trata de unas 1.500 empresas "que no dieron señales" ante DGI, pese a que su nivel de facturación los obligaba a postularse. "No nos referimos al grupo de contribuyentes que se pusieron en contacto y no ingresaron pero justificaron sus motivos y pidieron una prórroga", aclaró el director de Rentas.

Esas empresas que no se postularon incumplieron "una obligación formal" y aunque estén al día con el pago de sus impuestos la DGI puede sancionarlas, indicó Serra.

Beneficios

Hasta 2017 se brindaron una serie de beneficios fiscales para compensar los costos que implica el desarrollo del nuevo formato de facturación o la contratación de una firma que brinde el servicio —se permitía deducir un 50% de lo invertido al liquidar el IRAE empresarial—, que aún no han sido renovados por DGI.

Serra adelantó que aparte de "analizar" la extensión de esos beneficios, se trabaja "para procurar una solución que permita que el grupo de contribuyentes de menor tamaño pueda acceder a modalidades más económicas" de facturación digital. Una alternativa es poner a disposición de quienes emitan menos de 100 documentos al año un proceso simplificado de facturación en la web de DGI. "Debemos generar una forma de facturar que no le provoque nuevos costos", afirmó.

Por otra parte, Serra subrayó que la universalización de la factura electrónica "es importante" porque "permitirá acceder a información que facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes". Explicó que actualmente la DGI solicita aparte de las declaraciones juradas "anexos informativos con datos sobre retenciones, compras y ventas", lo que no será necesario cuando el nuevo sistema funcione al 100%.

Además, reconoció que la información de las empresas "permitirá hacer muchos cruces de datos y alimentar las matrices de riesgo" que utiliza el fisco, para así identificar "operaciones concretas que podrían tener una apariencia riesgosa". En ese sentido, dijo que con la facturación digital "irá cambiando la modalidad de control y permitirá una fiscalización más eficaz".