La estrategia que este lunes adoptó la bancada oficialista para desarticular el planteo de la izquierda de elevar al Tribunal de Cuentas hechos que considera sospechosos de irregularidades, ha sido interpretada como una jugada política magistral. Se le ha comparado con una contienda futbolística y hasta se le han contabilizado los supuestos goles en contra.

Repasando los hechos de la última sesión de la Junta Departamental, el Frente Amplio se vio impedido de lograr su objetivo después de haber remitido una nota solicitando que fueran remitidos al Tribunal aquellos datos, números y detalle de casos relacionados con gastos de reparaciones mecánicas realizadas fuera del Corralón Municipal es decir en talleres particulares. La nota en cuestión fue impugnada por los blancos bajo el argumento de que uno de los 11 firmantes era una suplente de edil condición que la inhabilitaba.

Eso no lo dice el reglamento por lo que el rechazo estuvo mal resuelto. Eso sí, exige que cualquier iniciativa habrá de ser sometida a consideración y aprobada con un tercio del total de integrantes (11) en realidad 10 y fracción.

Pero la travesura del partido Nacional esgrimida a través del edil Raúl Bruno fue por el lado de solicitar una Moción de Orden, instrumento que tiene la potestad de interrumpir todo acto posterior en la sesión. Con ello logró invalidar cualquier intento del Frente Amplio que debió refugiarse en la única alternativa posible: dejar el tema para la próxima sesión cuando con todas las formalidades vuelva a insistir.

Ahora bien: ¿y si se diera que nuevamente Bruno u otro edil nacionalista utilizara la próxima vez la misma herramienta para licuar otra vez el intento?. El Reglamento nada dice de cuántas veces se puede pedir Moción de Orden, insinuando que sólo la presidencia puede intervenir para advertir que se está haciendo mal uso de esa facultad. Y ocurre que la presidencia está en manos de la representante del Partido Nacional órgano que además cuenta con los votos suficientes como para llevar adelante la intención.

Puede que se razone que no ocurrirá nada de eso, pero la tirantez a la que han llegado las relaciones entre las dos bancadas amerita esa posibilidad, máxime cuando está en los planes del Frente Amplio insistir con un llamado a sala del Intendente tras el fracaso ya comentado del intento anterior y un propósito fin al que, a juicio de los blancos es el de desprestigiar al Intendente atribuyéndole hechos de corrupción.

No será la primera vez que en una Junta Departamental ocurren incidentes de tremenda tirantez donde la ironía sobrevuela y las tensiones afloran en cada sesión.

En realidad lo que importa, lo que está delante de cualquier otra consideración, son los votos repartidos entre las bancadas y el derecho que ellos otorgan. El legislador procuró equilibrar las balanzas repartiendo los 31 escaños entre los votos logrados electoralmente, de modo de permitir un reparto justo. Pero como se podría llegar a casos de empate decidió darle la mayoría de los 31 votos al partido ganador y el resto directamente proporcional al resultado en las urnas. Las minorías entonces, quedaron en franca desventaja fundamentalmente cuando (como en este caso) el bando ganador se impuso por amplísimo margen. Y si el legislador optó por reflejar en los legislativos los resultados electorales mucho tememos que de ahora en adelante escuchemos una sola voz.