Afirmó que la Ley de Riego no privatiza el agua.

Pese a que ya se han recogido más de 400.000 firmas con el propósito de anular la vigente Ley de Riego y los que impulsan la recolección redinamizan la movilización en todo el país desde el gobierno se sigue defendiendo esta legislación y exponen sus argumentos.

García destacó sobre todo que la Ley vigente, fue aprobada “por el Parlamento con mayoría muy importante de votos, es decir no únicamente con votos del oficialismo”.

Indicó entre otros conceptos que fue profesor de la Facultad de Agronomía y entiende no obstante que haya visiones contrapuestas sobre un mismo tema aunque, insistió, “en el Parlamento se aprobó por abrumadora mayoría”.

Agregó que de ninguna manera “esta ley privatiza el agua. De este vital elemento no se puede apropiar nadie. Lo que hoy tenemos es toda el agua en manos privadas. Ya está privatizada. La ley apunta a dar una mejor oportunidad a quienes no tienen riego propio. Todo lo que hay en la ley busca dar oportunidades a los pequeños productores.”

Recordó que entre los artículos incorporados y los modificados en esta última ley que modifica la 16.858 de setiembre de 1997, se destaca la incorporación de la figura de las Asociaciones Agrarias de Riego como nuevo instrumento asociativo. En segundo lugar, y a diferencia del régimen anterior que prohibía el corte de agua como sanción, esta ley habilita a las Asociaciones y Sociedades Agrarias de Riego a suspender el servicio de riego para la zafra siguiente en caso de incumplimiento por parte de un usuario. Otras modificaciones de relevancia son: la generación de un gravamen sobre los padrones que contraten el servicio de riego; la obligación de las Sociedades y Asociaciones de Riego a pagar un canon una vez que el Poder Ejecutivo lo reglamente; la ampliación del ámbito de aplicación a contratos de participación público privada a obras hidráulicas para riego; la posibilidad de que los beneficios fiscales previstos por la ley 16.906 sean trasladados a los miembros y socios y, la posibilidad de utilizar cauces naturales para la conducción de aguas.

Remarcó que esta ley “es necesaria para dar oportunidad a los pequeños productores y no a los grandes como se dice, para que puedan tener acceso a esa importante herramienta y porque vivimos en un país donde se pierde una enorme potencial de producción todos los años por falta de agua. Todos los cambios que se aprobaron apuntan a eso. Además la privatización de la que se habla es una falsedad porque toda el agua que se usa en riego desde siempre y si esta ley se deroga va a seguir igual, está pirvatizada. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”.

A todo esto cabe indicar que desde que el Poder Legislativo aprobó la ley, importantes agrupaciones sindicales como la Federación de Funcionarios de OSE y grupos activistas como el Movimiento por un Uruguay sustentable se han movilizado con el objetivo de recolectar las firmas a los que se ha sumado entre otros el PIT CNT

El objetivo es llegar el 26 de octubre, cuando entreguen las firmas a la Corte Electoral, a las 700.000 rúbricas. Si bien la Constitución establece que se debe alcanzar el equivalente al 25% del padrón electoral -unas 650.000 firmas- sus impulsores buscan superar esta cifra por el descarte inevitable que se produce. En caso de lograrlo, se realizará un referéndum en simultáneo con la elección nacional de octubre de 2019.