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Nueva Directora de Pronadis Buscará Reglamentar Ley de Protección Integral Para Personas con Discapacidad

General | 16 Abr. La discapacidad en Uruguay afecta a más de 800.000 personas en forma directa e indirecta según datos aportados por el Mides. La falta de reglamentación de la ley de Protección Integral para personas con Discapacidad y la necesidad de mejorar el acceso al trabajo son algunos de los desafíos que deberá asumir María José Bagnato nueva directora del Pronadis.
Este nuevo plan comenzó a funcionar el 30 de marzo y está basado en algunos artículos de la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad (18.651). Lo que busca es garantizar y agilizar el acceso a la salud, educación, trabajo y vivienda mediante la interacción entre los diferentes organismos.
Bagnato explicó que la idea será coordinar acciones a nivel nacional, pero también departamental con las Comisiones Honorarias del Discapacitado.
Afirmó que de esta manera será más fácil coordinar acciones en los territorios, buscándose facilitar la inclusión en la zona donde viven las personas con algunas discapacidad.
Según datos del Mides, la discapacidad en Uruguay afecta a más de 800.000 personas en forma directa e indirecta.
En más de una oportunidad se ha pretendido desde la Comisión del Discapacitado de Soriano realizar un relevamiento para conocer las cifras del departamento, pero además conocer qué tipo de problemáticas les afecta para poder así instrumentar acciones que permita atenderlos en forma directa.
Leyes que no se Cumplen
En el 2010 se aprobó una ley para la Protección Integral de las Personas con Discapacidad; es la ley 18.651 la cual tiene 94 artículos, pero aún no ha sido reglamentada. La ley de discapacidad anterior (16.095) se aprobó en 1989 y nunca se reglamentó.
En diciembre del año pasado, Pronadis envió un proyecto de reglamentación para la nueva ley. Cuatro meses después ese proyecto sigue a consideración del Ejecutivo. Esto trajo múltiples problemas, porque muchos aspectos que establece la ley hoy no se están cumpliendo.
Muchos de los reclamos fueron por el artículo 25 de la ley, donde se establecía un programa de Asistentes Personales que debían ayudar a las personas con discapacidad en las actividades de su vida diaria. Ese programa estaría en la órbita del Banco de Previsión Social.
Este artículo será modificado en caso de aprobarse la nueva reglamentación. Los requerimientos de ese artículo se van a suplir con la creación del Sistema Nacional de Cuidados, a través de otra ley que el gobierno pretende aprobar este año. «La figura del asistente personal va a ser absorbida por el asistente de cuidados. Esto va a producir una modificación en la ley, pero el resto de los procesos van a seguir para terminar con la reglamentación», señaló.
Ingreso Laboral a Personas
con Discapacidad
En el 2011 el propio estado no cumplió con el ingreso de personas con discapacidad en sus dependencias.
La ley establece que al menos el 4% de las vacantes que se generen en los diferentes organismos deben ser ocupadas por personas que tengan alguna discapacidad. Además se establecen sanciones por el no cumplimiento, que incluso podrían implicar el cese del cargo de los jerarcas de cada unidad ejecutora. Según el informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Intendencia de Soriano fueron los organismos estatales que generaron más vacantes para personas con discapacidad. En total fueron 17 vacantes y ninguna fue ocupada. El Poder Judicial generó una menos y tampoco entró nadie con discapacidad.
Los únicos que cumplieron fueron las intendencias de Canelones, que debía contratar al menos seis y contrató siete, y la de Salto, que debía contratar dos y contrató tres.


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